sábado, 19 de marzo de 2011

Ordenan el arresto de Menéndez por la muerte de Angelelli

  
La medida fue dispuesta por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien viajó a la capital tucumana para indagar al General Menéndez.

  
La justicia federal de La Rioja ordenó la detención del ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en la investigación por el aparente “crimen” del ex obispo Angelelli.

Este nuevo arresto de Menéndez, quien cumple prisión domiciliaria en Tucumán, fue dispuesto ayer por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien viajó a la capital tucumana para indagar al Militar.

Fuentes judiciales dijeron que Menéndez negó su participación en la muerte de Angelelli, tras lo cual el juez “lo imputó por su aparente vinculación con el ‘homicidio’ del ex obispo riojano perpetrado durante la dictadura”.

El magistrado viajó junto a su secretario y la fiscal Marta Kunat y la defensora oficial, Roxana Roqué, para indagar a Menéndez en Tucumán dado que los problemas de salud del Militar y otro “juicio” que afronta en esa provincia imposibilitaron su traslado.

El estado de salud del General Menéndez también llevó a la justicia tucumana a autorizar que siga los debates de los "juicios" en su contra por videoconferencia desde el domicilio donde cumple arresto.

En la “causa” que investiga la muerte de Angelelli, el juez federal riojano tiene previsto indagar en breve al ex Presidente Jorge Rafael Videla, quien cumple arresto en Buenos Aires y fue sometido recientemente a una operación, producto de una caída en la mazmorra donde se encuentra prisionero.

Dos semanas atrás, la justicia federal de La Rioja ordenó la detención del Vice Comodoro Fernando Estrella argumentando que "se encuentra vinculado con el asesinato del ex obispo Angelelli”, ocurrido el 4 de agosto de 1976.

Estrella, quien cumplía arresto domiciliario en Córdoba por otra “causa por delitos de lesa humanidad”, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial y además se le trabó embargo sobre sus bienes por un millón de pesos “para afrontar los costos del proceso”.